1.- Las mujeres que formamos la corriente de opinión Otras Voces Feministas estamos indignadas ante la actitud de la jerarquía de la Iglesia Católica que estos días y en relación al aborto no deja de manifestar lo peor de sí misma: la mentira y el engaño de una campaña fraudulenta y millonaria, pagada con el dinero público que recibe; su desprecio hacia las mujeres que abortan (a las que desea la cárcel); la retahíla de argumentos sobre el inicio de la vida humana, retrotrayéndonos a los años ochenta; su menosprecio a organismos como la ONU o la OMS en lo que se refiere a los métodos anticonceptivos y especialmente al uso del preservativo masculino, en línea con las declaraciones genocidas de Benedicto XVI en África en relación al SIDA...
Y ¡cómo no podía ser menos! junto a la Conferencia episcopal el Partido Popular. Un partido que, en materia de aborto, repentinamente se nos volvió el más firme defensor de la legalidad vigente que, según ellos, no necesitaba ninguna modificación. ¿Creerán que somos amnésicas y que se nos ha olvidado que fue Alianza Popular (matriz del PP) quien presentó un recurso de inconstitucionalidad que retrasó dos años la puesta en práctica de la ley de aborto aprobada en las Cortes en 1983? Un partido que, durante dos legislaturas ocupó el gobierno central de este país (una de ellas con mayoría) y no cambió ni un ápice la ley. ¿Dónde estaba entonces la Conferencia Episcopal?.
En santa comunión con los anteriores, casi mil firmantes de una pomposamente llamada Declaración de Madrid y a pesar de contar con títulos universitarios todos ellos, dan la espalda en el Manifiesto a lo archidemostrado por la investigación científica internacional, a lo defendido por las sociedades científicas, etc.... ¡Es lo que tiene investigar dejándose llevar por los prejuicios religiosos...!
2.- Muchas de las que formamos Otras Voces Feministas militamos en los grupos feministas de la segunda mitad de los años 70 y participamos activamente en la Campaña por el Derecho al aborto del movimiento feminista de entonces. Lo que estamos viviendo estos días es como si el túnel del tiempo nos estuviera retrotrayendo a aquellos años. ¡Quién nos lo iba a decir! Pero si hay que volver a airear y defender aquellas ideas lo volveremos a hacer. ¡Ahí van!:
Defendemos la vida y queremos que sea un valor en nuestra sociedad. Pero no la vida en abstracto, sino las vidas concretas con su diversidad de expresiones. Por eso apostamos por una vida digna para niños y niñas; queremos que lleguen al mundo siendo queridos, deseados; que puedan ser atendidos, cuidados, alimentados...y no como fruto de un error o un accidente. Y además nos importan en igual medida, las vidas de las mujeres, vidas que se ponen en riesgo con un aborto clandestino o que han de viajar a otros países para poder abortar. ¿Acaso la vida de estas mujeres no importa...?
El aborto tiene una larga historia: unas veces ha sido tolerado, otras legalizado y otras penalizado. Las prohibiciones nunca han conseguido evitarlos, sino únicamente convertirlo en un procedimiento de alto riesgo para la salud, la vida y la libertad de las mujeres.
A pesar de lo dicho anteriormente, vivimos en una sociedad plural y plurales son las opiniones y valoraciones que se hacen sobre el aborto. Para algunas personas, la vida y las decisiones de una mujer han de tener idéntica consideración y equipararse en derechos a la vida en gestación, desde el mismo momento de la concepción, e incluso antes de ella (ya que algunos se oponen, incluso, al uso de métodos anticonceptivos y de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual). Y además consideran que el conjunto de la sociedad debe compartir esos mismos presupuestos. No parece preocuparles las consecuencias para las criaturas nacidas no siendo deseadas y para la salud y la vida de las mujeres.
Para otras personas, entre las que nos encontramos Otras Voces Feministas, la decisión de las mujeres sobre si optan o no por ser madres es una cuestión individual sobre la que les corresponde decidir a ellas mismas en función de diversos factores: su situación, su ética, sus creencias o la ausencia de ellas, sus opciones... Nadie tiene derecho a imponernos sus creencias y opciones. La legítima y necesaria protección de la vida en gestación creemos que no debe prevalecer sobre los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su vida, sobre si quieren ser madres o no y en qué momento de su vida.
3.- En cuanto a la propuesta en la que trabaja el gobierno central consideramos lo siguiente:
Nos alegra que se decida por un sistema combinado de plazos e indicaciones.
Compartimos la opción de rebajar la edad de consentimiento a la establecida en la Ley 41/2002 de la autonomía del paciente, que fija como edad de consentimiento los 16 años, e incluso menos con autorización judicial, si ésta determinase la madurez y capacidad de la menor. Y ello por una cuestión de coherencia legal con la edad de consentimiento exigida para casarse (16 -y hasta 14, con autorización judicial-, o para el inicio de las relaciones sexuales (13 años)...
Se trata además de una decisión de carácter personal, en la que madres y padres pueden aconsejar, acompañar, apoyar... No parece que sustituir u obligar a una menor a ser madre en contra de su voluntad sea un buen camino, habida cuenta de que será esa menor la que deberá hacerse responsable en el futuro de la decisión que tomaron por ella o en su contra.
No estamos de acuerdo con que las 14 semanas sea el plazo para el aborto a decisión de la propia mujer, sin que necesite el visto bueno de nadie más. Si bien es cierto que, según las estadísticas publicadas anualmente por el ministerio de Sanidad y Consumo, el 80 y tantos % de las mujeres que abortan lo hacen antes de las 12 semanas ¿por qué fijarse un límite tan corto como las 14 semanas y no el de la viabilidad fetal (22-24 semanas, según la OMS) que incluirían a casi todas las mujeres, quedando las indicaciones para muy pocos casos posteriores como cuando hay serio peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada...?
Cuando hay tantas malformaciones y lesiones fetales después de las 22 semanas ¿por qué mantener ese límite para los abortos por malformación fetal ¿Por qué en estos casos sólo se podrá abortar si consta un Informe con la inviabilidad fetal? El gobierno y particularmente las autoridades sanitarias saben que pocos facultativos se arriesgan a firmar esta incompatibilidad del feto con la vida. Y que son precisamente éstas las mujeres que en los últimos años se han visto obligadas a tener que irse a abortar legalmente en Francia, Gran Bretaña y hasta en los EEUU porque aquí nadie se hacía cargo de su dolor, de su desamparo, ni de su desprotección.
Si el gobierno se inclina por fijar tres días de reflexión para toda mujer que solicite un aborto y antes de que se le sea realizado con el fin de explicarle las ayudas que tendría si llevase su embarazo a término, estaremos de nuevo ante la consideración de las mujeres como las eternas menores de edad que necesitan protección hasta para las cosas más elementales. ¡Como si una mujer que quiere tener una criatura, teniendo pocos medios, no sabe a dónde acudir para pedir ayuda! Una vez más la imagen de las mujeres incapaces de tomar decisiones por nosotras mismas y necesitadas, por lo tanto, de tutelas para hacerlo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta minoración de edad contra la que se levantó el movimiento feminista en sus primeros años y encima ahora de la mano de un gobierno socialista?
Si no fuera tan serio este asunto, podríamos pensar que se trata de una tomadura de pelo. ¿O es que el gobierno piensa que con tan publicitado cheque-bebé y cuatro migajas más las mujeres embarazadas que demandan una interrupción voluntaria del embarazo se van a echar para atrás? Además ¿no es un poco fuerte que esa información de las cuasi-inexistentes ayudas, en lugar de que esté en manos de la ciudadanía en general por los diversos medios públicos, se les plantee a las mujeres que ya han decidido abortar...?
Creemos que es necesario y urgente la regulación de la objeción de conciencia pero siempre garantizando la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo en todos los Centros del Sistema Público de Salud. De no ser así, seguiremos como estamos: las mujeres a las Clínicas privadas acreditadas, la mayoría de ellas teniendo que pagarse la prestación.
Somos partidarias de que esta prestación sanitaria, al igual que otras, esté garantizada en la sanidad pública y con iguales condiciones de acceso y cobertura en todas las Comunidades Autónomas y que acabe ya la vergonzosa inequidad que se da ahora. No se nos escapa que para que esto sea posible hace falta mucha voluntad y la inversión de innumerables recursos y esfuerzos: desde la modificación de los planes de enseñanza que incluyan el aborto, hasta la adecuación de centros ambulatorios y hospitalarios para la atención de esta demanda, que es muy particular en relación a otras. Sin olvidar que las competencias en materia sanitaria hace años que están en manos de los gobiernos autonómicos...
En cuanto al alcance la de reforma en el Código Penal, es innegable y positivo como saludábamos al principio, que optar por un sistema de plazos más indicaciones alivia mucho la situación. Pero mientras se mantenga el actual Artículo 145 del C.P. la alegría se acaba pronto. Y no vale con que portavoces gubernamentales se llenen la boca diciendo que ninguna mujer irá a prisión por abortar porque lo que no dicen es que sí podrá ser condenada (a multa o su sustitución con prisión si no la paga, a inhabilitación para ejercer sus derechos ciudadanos, etc.) Y ¿qué pasará con los profesionales que hayan practicado esos abortos? Ellos si pueden ser condenados, además de a inhabilitaciones profesionales y ciudadanas, a penas de prisión. ¿En qué han quedado las garantías jurídicas tan cacareadas por Dª Mª Teresa Fernández de la Vega cuando hace más de un año estalló socialmente el tema del aborto?
4.- El crecimiento de las cifras de abortos nos revela también el fracaso y los límites de la educación sexual que se está llevando a cabo en nuestro país. Escasa, prohibida de hecho en muchos IES y orientada casi en exclusiva a la información biológica y anticonceptiva. No está encaminada a reconocer la diversidad de expresiones de la sexualidad humana, ni a fomentar en la sexualidad los mismos valores que consideramos esenciales en otros ámbitos de las relaciones interpersonales y sociales, como la igualdad, la autonomía –entendida como tener capacidad, saber decidir y ser responsables con las decisiones que se adoptan-, el cuidado de nosotras y el de los o las demás.
A pesar de quienes no ven más que miserias en la sexualidad humana, ésta es una fuente de placer, de gozo y satisfacción. Necesitamos más educación sexual y muchos cambios en el enfoque con el que se realiza actualmente. Educación sexual no sólo en la enseñanza reglada sino también campañas dirigidas al conjunto de la sociedad y, en especial, a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Campañas que no sólo informen, que refuercen valores, que permitan avanzar en el respeto a la diversidad de formas de vivir la sexualidad y también en el respeto a la diversidad de opciones y comportamientos ante un embarazo no planificado.
5.- El gobierno Socialista ¡ojalá nos equivocáramos! está perdiendo, una vez más la ocasión de dar solución al problema del aborto en nuestro país. La falta de valentía con la que está acometiendo esta responsabilidad gubernamental (que sabemos no es nada fácil) dejándose amedrentar por la Conferencia episcopal y el Vaticano por miedo a perder un determinado electorado (¿han pensado cuánto perderán por el otro lado?) nos hace desconfiar en milagros de última hora.
Las Conclusiones de la Sub-comisión del Congreso de los Diputados contenían elementos bastante más avanzados que las de la Comisión de Expertos. Parece que el gobierno se está apoyando más en estas últimas.
Lo cierto es que, como dice el refrán para este viaje no hacía falta estas alforjas. De hecho, si comparamos la legislación actual con la que se prepara, el saldo no es positivo:
Con la despenalización parcial actual, en caso de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, se puede abortar sin plazo . Con la que viene, no.
Actualmente, en los casos de grave malformación o lesión fetal de más de 22 semanas, la mujer puede abortar acogiéndose al supuesto de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada.
La experiencia acumulada en 1983 (año de la aprobación en las Cortes de la despenalización parcial del aborto seguida del recurso de AP ante el Tribunal Constitucional) y en cada una de las ocasiones en las que algún gobierno socialista anunciaba su intención de ampliar la legalidad vigente nos revela lo mismo: da igual que se pretenda mover un solo ápice o el texto completo. La Conferencia episcopal, los mal llamados pro-vida (en sus más diversas variantes) y el Partido Popular saltan como si les hubieran tocado las esencias y, más o menos, organizan la misma marimorena. Con los mismos contenidos engañosos, fraudulentos, hipócritas... El gobierno de Zapatero debería haber sacado sus enseñanzas y, a nuestro parecer, apoyándose en las mujeres, en las organizaciones feministas, en la ciudadanía partidaria de la ampliación de la ley (mayoritaria, según las encuestas), en las sociedades científicas, intelectuales... progresistas, en las fuerzas sindicales, sociales y políticas de izquierda, en la existencia de un Estado aconfesional, apoyándose con firmeza y sin titubeos, haberle plantado cara a una jerarquía católica rancia que quiere perpetuarse y perpetuar sus privilegios, caiga quien caiga en el camino.
